El “caso del novio de Ayuso” ha trascendido la anécdota política para convertirse en un ejemplo paradigmático de la instrumentalización de la justicia y los medios en España, culminando en la insólita situación de que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, haya sido condenado por revelación de secretos antes de que el presunto defraudador confeso, Alberto González Amador, se siente siquiera en el banquillo.
Es decir, en Españita linda, se ha perseguido jurídicamente y mediáticamente antes al personaje judicial, que al delincuente. Buen reflejo del país que tenemos. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo este embrollo.
El origen.
El origen de la polémica se encuentra en el fraude fiscal de 350.951 euros cometido por Alberto González Amador en 2020 y 2021, utilizando una red de facturas falsas para simular gastos. El elemento central que ha agitado el debate es el correo electrónico enviado por la defensa de González Amador a la Fiscalía, donde se reconocía la comisión de dos delitos fiscales (El ya mencionado, y el de dos millones de Euros en comisiones…casi nada) y se ofrecía un pacto de conformidad para reducir la pena.
En este punto, sucede algo que cambia todo. A mi parecer un erro de calculo de Ayuso. Ya que su novio, y el origen de sus delitos no tenían nada que ver con la comunidad de Madrid, pero ella salió en rueda de prensa a defenderle. Asegurando que no eran delitos, sino multas, y que era más, que era incluso hacienda la que le debía a su pareja 600.000 euros. Y digo que este punto es jodido, por que evidentemente era mentira, y a partir de aquí, todo el poder y control que tiene Ayuso sobre medios y demás se pone en marcha para no dejarla con el culo al aire.
El delincuente confeso Alberto G.Amador una vez confesado los delitos dejaba en muy mal lugar a su pareja (digamos que como un poco mentirosa y manipuladora). Ya que este reconocimiento inicial transforma el caso en uno de naturaleza técnica y penal clara. Sin embargo, en lugar de centrarse en la rápida imputación y condena del delito original, el foco mediático y judicial se desplazó hacia la “filtración” de este reconocimiento, dando inicio a una ofensiva sin precedentes. Y no fue casualidad, fue promovido desde los poderes públicos y vinculo con la presidenta.
El primer intento de apaño.
Alberto González Amador al ver la que se le viene encima le dice a hacienda de pagar el una cuota y ajustar cuentas así. Pero claro eso no funciona asi. Es como ir a robar un banco, y cuando te pillan dices “tome los sacos de billetes y aqui no ha pasado nada”. Hacienda evidentemente ni se planteo tal chanchullo. Y es aqui cuando entra al rescate Miguel Angel Rodriguez, jefe de Gabinete de Ayuso.
La reacción política al caso, liderada por el equipo de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, fue de una agresividad notable, basándose en la estrategia de la defensa a ultranza y el ataque sistemático.
Los Bulos de MAR: La narrativa inicial, promovida desde el entorno de Ayuso, sostenía que la Fiscalía había intentado extorsionar a González Amador y que la revelación del fraude era una maniobra política. El bulo más dañino fue la negación rotunda de que el novio de Ayuso hubiera ofrecido ningún pacto, atribuyendo la información a un montaje de la Fiscalía. La realidad, demostrada por la publicación posterior del correo electrónico, evidenció que sí hubo una oferta de pacto que reconocía el delito.
La Inversión de la Carga: Mediante una presión mediática constante, se logró desviar la atención del presunto fraude fiscal a un supuesto delito de “revelación de secretos” por parte de los funcionarios. El presunto delincuente, que intentaba pactar su pena, se transformó en la víctima de un aparato estatal supuestamente al servicio del Gobierno central. No me digas como, la cosa era entonces que la culpa de todo era del PSOE, del Gobierno y del Perro Sanxe.
Simplemente brillante, ni Goebel se atrevió a tanto.
El Objetivo.
La cúspide de esta estrategia de manipulación jurídica fue la querella presentada por González Amador contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por la nota de prensa emitida por la Fiscalía de Madrid que, al replicar el contenido del correo del abogado (El abogado defensor de González Amador), en el que confirmaba la existencia de la oferta de pacto.
El Delincuente Ileso: El presunto autor de un delito de fraude fiscal, con un reconocimiento inicial de los hechos, sigue su proceso sin condena firme, beneficiado por la lentitud y el desvío del foco principal.
La Condena al Fiscal: El Tribunal Supremo, por su parte, ha condenado al Fiscal General del Estado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. La condena, basada en la difusión de información que supuestamente buscaba defender la honorabilidad de la Fiscalía frente a los bulos, ha forzado la dimisión de la máxima autoridad del Ministerio Público.
Se ha condenado al “mensajero” o, en este caso, al funcionario que buscó aclarar una manipulación informativa, antes que al individuo que defraudó al erario público. Esta cronología demuestra cómo la guerra política y mediática puede utilizar los resortes del Estado de Derecho para cambiar el objeto de la persecución judicial, premiando la táctica del barro y castigando la defensa de la verdad procesal. El caso González Amador quedará en la historia judicial española como el ejemplo de cómo una campaña de bulos logró inhabilitar a un Fiscal General mientras el principal acusado de fraude espera cómodamente su juicio.
Y esto amigos no es opinión desgraciadamente, es un jodido hecho, le moleste a quien le moleste.
El Juicio.
En el juicio han pasado varias cosas interesantes. Lo primero es que MAR (Jefe de gabinete de Ayuso) reconoce que uso medios financiados desde su partido y el gobierno de la comunidad para inventarse noticias y bulos. Lo segundo, y por otra parte es que los periodistas que recibieron la información filtrada han corroborado todos, que la información la filtro otra fuente y no el fiscal general del estado (No pueden revelar sus fuentes y están en su derecho constitucional de hacerlo), ósea han declarado bajo juramento varios periodistas que no fue el FGE, y por ultimo la conclusión de que esa información filtrada era accesible a mas de 500 personas…podría haber sido cualquiera.
Y salto la sorpresa: Aun así el fiscal ha sido condenado.
Fue especialmente melodramático la intervención del defraudador confeso Alberto G.Amador, el cual soltó joyitas tales como “que no sabia que hacer, si irse de España, quitarse la vida o que, y que le habían arruinado la vida”. Un pavo que ostenta dos delitos fiscales (2 millones en comisiones, y mas de 350.000 en fraude fiscal) sale haciéndose parecer la victima, cuando en verdad es un delincuente. Raro es, que sin tan jodido esta, días mas tarde se compre un ático en Madrid al lado de donde vive.
Y aquí quiero hacer un inciso: Es acojonante, lo que estamos viviendo, en cualquier otro país del mundo esto no pasa. Resulta que al final, tenemos a la presidente de la comunidad de Madrid y su pareja viviendo en un Ático pagado con dinero sucio, dinero defraudado, dinero robado (Pensadlo por favor, dejad de lado vuestro sesgo político y pensadlo). Y que el poder que ostenta ese cargo publico ha movido hasta el ultimo hilo del entramado judicial y mediático para librar a su pareja. Esta es tristemente una verdad en todo esto.
Resumen y Conclusiones
Resulta que un señor comete dos delitos, la presidenta que es su pareja sale mintiendo, se confirma la mentira, se crea una red de bulos, presiones mediáticas y políticas, se apunta al FGE, y el que paga el pato es un cargo publico mientras el delincuente se compra otra casita con su Amada. Ni Disney.
Me voy a ahorrar hablar de los jueces que han votado a favor de condenar al FGE, jueces puestos por el Partido Popular, con vínculos con este, y que entre otras cosas se han negado varias veces a investigar lo sucedido en residencias de la comunidad de Madrid durante la pandemia, aquello que costo la vida de mas de siete mil ancianos.
El resultado final de esta trama es un espejo distorsionado de la justicia:
Mientras que Alberto González Amador, el defraudador confeso, espera su juicio—beneficiado por la desviación y el tiempo—, el Fiscal General del Estado ha sido fulminado de su cargo por defender la transparencia de su actuación frente a la mentira.
La sentencia no solo inhabilita a una persona, sino que asesta un golpe demoledor a la autonomía del Ministerio Público. ¿Qué fiscal se atreverá ahora a enfrentarse con contundencia a una trama de corrupción o fraude fiscal si sabe que una simple nota de prensa puede costarle su carrera, incluso sin haber sido el filtrador?
No es la primera vez que Ayuso desde la sombra hace algo parecido. Le sucedió lo mismo con su Hermano, como ya vimos en “desmontando a la reina de corazones“. Ella directamente le concede la gestión de compra venta de mascarillas y el hermano se enriquece llevándose cientos de miles de euros. En ese momento el líder de su partido (Casado), deja caer que eso no esta bien, y en vez de tener consecuencias un acto delictivo y el delincuente, las tuvo el que alzo la voz y denuncio. El mensaje esta quedando claro: Ella es intocable.
Y no se de que nos sorprendemos, en un sistema judicial que obviamente no tiene separación de poderes. Con jueces tan torpes que son incapaces de averiguar que significa “M.Rajoy” en unos papeles encontrados en la caja B de la sede del partido popular liderado por un tal Mariano Rajoy.
Siento ser tan claro, pero la gente de derechas y votantes del PP, deberían dejar de lado su sesgo político, hacer una pequeña reflexión y entender la gravedad que tiene todo esto. No es un juego, es algo muy serio, muy grave y creo que deberían de dejar de reír las gracias a estos personajes.
En última instancia, el “caso González Amador” no trata sobre un fraude fiscal, sino sobre el uso de la guerra judicial como herramienta de deslegitimación. El Supremo, al dictar esta condena sin una prueba fehaciente, ha consolidado el mensaje de que la defensa del poder político tiene más peso que la persecución del delito económico. Se ha condenado al mensajero, salvaguardando, al menos temporalmente, la figura del presunto delincuente. Un triunfo amargo para el Estado de Derecho.